galope inicia una serie de columnas dedicadas a examinar las políticas culturales de los países de nuestro contexto.

El nuevo gobierno de Colombia ha resultado increíblemente efectivo para, en apenas dos meses, desmontar el país que empezó a construirse con esfuerzo cuatro años atrás, durante el primer gobierno realmente progresista del último siglo. Uno de los sectores en los que ha sido más notorio el desmonte del estado social de derecho es el de las artes y las culturas, históricamente subfinanciado hasta que el gobierno de Gustavo Petro duplicó su presupuesto de inversión entre 2023 y 2026. Este aumento, anclado a políticas de apoyo a la creación y a las prácticas culturales en todo el país, fue una de las herramientas más eficaces para el crecimiento y consolidación del campo popular en Colombia. Por eso no sorprende que la cultura sea uno de los frentes que están siendo atacados con mayor fiereza por la nueva administración.

Los nuevos funcionarios llegaron al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes rociando agua bendita sobre los escritorios; sacaron a empujones a algunos viejos contratistas aún en funciones. También, destruyeron piezas artesanales de distintas comunidades del país —afirmando que se trataba de objetos para hacer brujería—, y realizaron rituales de exorcismo para expulsar al diablo del Ministerio.

Buscar la consolidación de ese campo popular implicó estructurar el Ministerio en torno a las luchas territoriales de personas y comunidades en el país. Así, campesinos, activistas por el medio ambiente o por la redistribución de la tierra, asociaciones de víctimas, comunidades LGBTIQ+, indígenas, poblaciones afro y del pueblo Rrom, barristas y artistas urbanos se beneficiaron —en algunos casos por primera vez— de la presencia y la acción estatal. Estas acciones cobraron forma en iniciativas como las Escuelas Itinerantes de Artes Plásticas y Visuales, el programa Artes para la Paz, o proyectos como el Museo Afro y el memorial para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares de Colombia durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. En vez de continuar operando sobre un país históricamente dividido en clases, razas y regiones geográficas, el Ministerio ubicó intersecciones sensibles, potenció prácticas culturales en riesgo y buscó hacerlas resonar con los procesos sociales y políticos que las sostienen. Del mismo modo, sostuvo y amplió el trabajo de creadores profesionales, fortaleciendo las becas y premios para artistas visuales, escritores, músicos y personas del teatro, la danza y el circo.

Paola Holguín, una mujer sin ninguna relación con el campo cultural, fue designada ministra de Cultura por Abelardo de la Espriella. Su carrera política estuvo ligada durante dos décadas al Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe. Holguín se formó a fondo en Estrategia y Políticas de Defensa y de Terrorismo y Contrainsurgencia en el Center for Hemispheric Defense Studies en Washington, una institución que preserva el legado de la infame Escuela de las Américas y que, desde su fundación en 1997, ha estado involucrada en múltiples violaciones a los derechos humanos en América Latina. Aunque el perfil de la nueva ministra encajaría mejor en el Ministerio de Defensa, su nombramiento en el de Culturas nos habla claramente de las sinergias que el gobierno busca generar entre sus instituciones.

Alzando la bandera retórica de la «batalla cultural» —una noción acuñada por Antonio Gramsci a comienzos del siglo XX y hoy secuestrada por las ultraderechas continentales como instrumento de desfiguración cognitiva de las ciudadanías—, el Ministerio de las Culturas se ha venido transformando en un órgano de producción de hegemonía al servicio del fascismo recalcitrante.

Los nuevos funcionarios llegaron al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes rociando agua bendita sobre los escritorios; sacaron a empujones a algunos viejos contratistas aún en funciones. También, destruyeron piezas artesanales de distintas comunidades del país —afirmando que se trataba de objetos para hacer brujería—, y realizaron rituales de exorcismo para expulsar al diablo del Ministerio. Desde su primer día en el despacho, Holguín se ha dedicado a boicotear el trabajo realizado en los cuatro años pasados, presentando lecturas amañadas sobre la gestión presupuestal del Ministerio en el periodo Petro para justificar el cierre de programas estratégicos con el fin de achicar las supuestas deudas contraídas por sus predecesores. Como no se han cansado de explicar los anteriores ministros de la cartera, Juan David Correa y Yannai Kadamani, la nueva ministra ha generado confusión de forma deliberada al insistir en que el Ministerio acumuló deudas por $185.500’000.000 (alrededor de 57,5 millones de dólares) cuando, en realidad, se trata del habitual —e históricamente problemático— retraso en los pagos, generado por la demora en los desembolsos que el Ministerio recibe de Hacienda. Este tipo de estrategias instauran narrativas que buscan sembrar dudas entre los afectados por el cierre de los programas y, más allá, crean intrigas sectoriales que se anudan con las otras muchas historias creadas por los nuevos cuadros directivos del Estado para montar la telenovela de un país en ruinas al que ellos vienen a rescatar.

Alzando la bandera retórica de la «batalla cultural» —una noción acuñada por Antonio Gramsci a comienzos del siglo XX y hoy secuestrada por las ultraderechas continentales como instrumento de desfiguración cognitiva de las ciudadanías—, el Ministerio de las Culturas se ha venido transformando en un órgano de producción de hegemonía al servicio del fascismo recalcitrante. Por sus redes sociales desfilan a diario reels e historias, a menudo generadas con inteligencia artificial, en las que se promueven nociones como Patria, Fe, Tradición y Familia. Las reivindicaciones sociales y las luchas territoriales fueron reemplazadas por los «Valores» y los indicadores de gestión, frecuentes durante el gobierno anterior, cedieron su lugar a promesas y «milagros». El nombramiento de funcionarios sin trayectoria ni formación profesional relevante en entidades adscritas al Ministerio, como la Biblioteca Nacional y el Instituto Caro y Cuervo (ICC) —uno de los principales centros de investigación en lingüística y literatura de todo el continente— ha empezado a transformar las comunicaciones institucionales en espacios propagandísticos. Desde su nombramiento, hace un par de semanas, Sergio Esteban Vélez, un poeta sin mérito que hizo carrera desde niño declamando sus versos en las fiestas privadas de los políticos de derecha, usa hoy las cuentas oficiales del ICC para enjuiciar públicamente a escritores claves de la modernidad literaria en el país. En sus «semblanzas», el funcionario-poeta sentencia que escritores como Gonzalo Arango y Andrés Caicedo dilapidaron su talento y sus vidas al rechazar a Dios, mostrar simpatía por la izquierda, consumir drogas y, en el caso de Caicedo, suicidarse. Estas reelaboraciones del canon literario, profundamente moralistas y sectarias, hacen parte de un repertorio gubernamental que desfigura el presente y el pasado del país, imponiendo, en su lugar, peligrosas fantasías de refundación de la «Patria». Ejércitos de bots, manipulación algorítmica, videos generados con inteligencia artificial y procesos judiciales en contra de toda forma de oposición añaden una capa de oprobio a los espectáculos mediáticos del presidente, que se pasea armado ante las cámaras, entre bolsas de cadáveres de supuestos delincuentes dados de baja en operativos militares de enorme opacidad.

La nueva administración ha usado los recortes al presupuesto de inversión como estrategia de guerra contrainsurgente: en apenas ocho semanas, se recortó en un 49% el presupuesto destinado a implementar los programas a cargo de la institución. Recientemente, solo como ejemplo, se emitieron resoluciones que cancelan el Programa Nacional de Estímulos y el Programa Nacional de Apoyos Concertados, que cobijaban iniciativas, procesos comunitarios, festivales, organizaciones culturales y artistas que dependen de las becas y bolsas de trabajo que el Estado ofrecía y que se adjudicaban a través de unos concursos con un riguroso sistema de evaluación. En su lugar, afirmaron que darían prelación presupuestal a la reparación de las iglesias afectadas por el terremoto que sacudió buena parte del país el pasado 10 de agosto, en lo que parece un esfuerzo por subvertir la separación Iglesia-Estado —que consagra la Constitución de 1991— en favor de las nuevas políticas comunicativas con las que el nuevo presidente trata de compadrear con el sionismo pentecostal y las ideas más retardatarias de la fe católica. Abelardo de la Espriella, un abogado que saltó a la fama gracias a su defensa de jefes paramilitares, narcotraficantes y corruptos, termina hoy todas sus alocuciones presidenciales con la consigna «¡Viva Cristo Rey!».

La nueva administración ha usado los recortes al presupuesto de inversión como estrategia de guerra contrainsurgente: en apenas ocho semanas, se recortó en un 49% el presupuesto destinado a implementar los programas a cargo de la institución.

La excusa del terremoto se viene usando en todas las instancias del actual gobierno para recortar presupuestos en favor de «programas de desarrollo» sin sustento en la realidad: planes que solo existen en el papel y que buscan justificar la adquisición de deudas enormes con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos recursos serán distribuidos a discreción del presidente. Es claro que el horizonte cercano del Ministerio de las Culturas será el de su desaparición, justificada por la ineludible exigencia de austeridad. No es este el lugar para inventariar las formas del desastre que empiezan —como los enormes incendios forestales que vienen ocurriendo desde inicios de agosto—, a arrasar el país, por más que este vaya a ser el contexto en el que tendrá lugar la vida de los artistas colombianos durante los próximos cuatro años.

El objetivo final de esta guerra contra la cultura es la reducción al mutismo de artistas, escritores, teatreros, bailarines y gestores. Incluso cuando asumieron posiciones críticas frente a decisiones puntuales del gobierno de Gustavo Petro o a limitaciones del Ministerio de Cultura —en su mayoría relacionadas con la demora en los pagos de las becas y premios, surgida del sistema de desembolsos del Ministerio de Hacienda al resto de los ministerios—, los artistas e intelectuales realizaron tareas fundamentales para la formación política ciudadana, la defensa de territorios y comunidades y la resistencia ante la intervención de los Estados Unidos e Israel en las pasadas elecciones.

Así mismo, la batalla cultural se agudizó la semana pasada, cuando la ministra Holguín y el presidente de la Espriella anunciaron el cambio de nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, para volverse a llamar «Ministerio de Cultura y Patrimonio», revirtiendo el cambio aprobado en 2023 mediante la Ley 2319, que amplió el nombre para reconocer la diversidad cultural del país. Junto a ello, se impuso el retiro de más de treinta piezas del Museo Nacional de Colombia, relacionadas con las memorias de la violencia política, los movimientos feministas, las luchas por los derechos de las personas LGBTIQ+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016.

Se ha hablado mucho de la dimensión simbólica del gesto de arrancar las imágenes de las paredes del Museo, pero yo creo que no hay una conciencia sobre el sentido de esas imágenes ni de esos recintos museales entre los funcionarios que ordenaron su desmantelamiento. Creo, por el contrario, que para ellos se trata de una acción más de devastación territorial, así como los misteriosos incendios que devastan al país para luego ir a venderles las tierras quemadas a las mineras del sionismo.

Ante la destrucción del Estado, debemos entender que la sociedad siempre lo antecede y lo rebasa. Si el gobierno nos considera insurgentes, es tiempo de abrazar los gestos, los signos y las relaciones vivas, pues son esas nuestras armas en esta guerra irregular, espiritual y cargada de la potencia infinita de lo que prolifera.

Pero la gente, que no espera a protestar y organizarse, sí que sabe que esas imágenes sustraídas del Museo Nacional no están muertas. Son vehículos poderosos de insurrección que se ponen a circular de nuevo en el mundo, que nos recuerdan nuestra historia, nuestras luchas y nuestros derechos. Entre más arranca el gobierno, más se levanta el pueblo, más rabia siente, más se prepara para la guerra, una guerra a la que de la Espriella llamó «espiritual», pero hay que tener en cuenta que si hay algo de lo que carece esa recua de malparidos puestos por los gringos a desmantelar el país, es de espíritu. Lo que no entienden la ministra Holguín ni el presidente de la Espriella es que la cultura también vive de la adversidad y que, aun en medio de infraestructuras ruinosas, los artistas hacen proliferar la vida, aunque esa vida asuma con modestia la forma de un moho que termina mostrando el fraude de una «Patria Milagro» en la que el único milagro que esperamos es poder sobrevivir a ella.

Nuestra única posibilidad de construir presente es a través de la persistencia de lo colectivo. Sigamos abriendo espacios para ensayar modelos que puedan escapar a las lógicas estériles del deprimente espectáculo político y que nos permitan sostener la cercanía de los afectos e irradiarlos. Es momento de asumir, como nos recuerda el colectivo Tiqqun, que «la comunidad nunca se refiere a una colección de cuerpos concebidos independientemente de su mundo, sino a la naturaleza de las relaciones entre esos cuerpos y entre esos cuerpos y el mundo». Debemos dejar de asumir que la comunidad nos protegerá, actuando en nuestro lugar, pues «la comunidad no existe. Solo hay comunidad cuando se mueve y circula». Ante la destrucción del Estado, debemos entender que la sociedad siempre lo antecede y lo rebasa. Si el gobierno nos considera insurgentes, es tiempo de abrazar los gestos, los signos y las relaciones vivas, pues son esas nuestras armas en esta guerra irregular, espiritual y cargada de la potencia infinita de lo que prolifera. Omnia sunt communia.